Se juzga a general mexicano y a 29 soldados por homicidios en Ojinaga

MÉXICO D.F. – Un general del ejército mexicano y 29 soldados bajo su mando en Ojinaga, Chihuahua, México, están siendo juzgados por cargos de tortura, homicidio, tráfico de drogas y otros delitos, según confirmó un oficial gubernamental de alto rango a la Prensa Asociada. El Secretario del Interior, Alejandro Poire, dijo que los crímenes que se juzgan son “deplorables y reprensibles” y que las tropas están siendo juzgadas en un tribunal militar.

Los detalles sobre el reino de terror que sembraron en Ojinaga el General Manuel Moreno Avina y sus subordinados salieron a la luz por primera vez gracias al periódico Reforma, que tuvo acceso a las declaraciones de algunos de los soldados.

Poco después de que Moreno llegase a Ojinaga en la primavera del 2008, las tropas bajo su mando comenzaron a secuestrar, torturar y asesinar a sospechosos y a robar vehículos, computadoras, televisores e incluso colchones durante las redadas en las casas de los sospechosos, según dice la declaración difundida por Reforma. Supuestamente revendían los artículos robados así como la marihuana y la cocaína que habían incautado.

Poire no confirmó las alegaciones que contenía el artículo de Reforma, y el Departamento de Defensa no respondió a las solicitudes de comentarios que hizo la Prensa Asociada. Según el periódico, los fiscales dicen que al menos 10 civiles fueron asesinados por los soldados o por unos sicarios bajo las órdenes de Moreno entre el 2008 y el 2009.

Al menos tres de las personas asesinadas fueron descritas como sospechosos bajo la custodia de los soldados, incluyendo a un hombre de unos veinte años que fue detenido en julio del 2008 y llevado a la guarnición militar y a quien le aplicaron electroshocks hasta que murió de un infarto. Supuestamente llevaron su cadáver a un rancho, lo bañaron en gasolina y lo quemaron.

Entre las supuestas víctimas se encuentran una secretaria de la oficina del fiscal federal en Ojinaga, un agente de policía estatal, un agente de policía local que paró a Moreno por exceso de velocidad y por conducir bajo la influencia del alcohol, y un hombre de negocios que presentó una queja con los fiscales federales y unos oficiales de derechos humanos después de que unos soldados hicieran una redada en su casa y robaron dinero.

Aparentemente, los soldados también declararon que Moreno guardaba a menudo los vehículos incautados en redadas legales e ilegales y hacía que se los pintaran de verde militar.

Poire dijo que el general y los demás soldados están siendo juzgados en un tribunal militar en el estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, y que todos están detenidos en una prisión militar en el estado de Jalisco.

Los investigadores militares fueron alertados por primera vez de los crímenes de los soldados en agosto del 2009 gracias a una queja anónima que decía que colaboraban con un grupo delictivo, según dijeron a Reforma unos oficiales del Departamento de Defensa.

El presidente Felipe Calderón destacó  a 50,000 soldados y a otro personal militar para luchar contra el crimen organizado poco después de asumir el cargo en diciembre del 2006. Más de 47,000 personas han sido asesinadas por la violencia relacionada con las drogas desde que Calderón lanzó su ofensiva, según dicen las cifras gubernamentales.

El Tribunal Inter-Americano para Derechos Humanos y el propio Tribunal Supremo de México han declarado que los soldados que cometen violaciones de los derechos humanos contra civiles deberían ser juzgados en tribunales civiles. Calderón ha dicho que su gobierno cumplirá con los fallos, pero de momento no ha hecho esa transición o no ha accedido a dar a los tribunales civiles casos militares de homicidio.

Un informe de Human Rights Watch sobre México que fue emitido en noviembre dijo que sólo 15 soldados habían sido condenados tras 3,671 investigaciones realizadas por fiscales militares de supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de soldados y contra civiles desde el 2007 y hasta junio del 2011.

Ningún soldado u oficial estatal ha sido condenado en más de los 200 casos que el grupo de derechos, con sede en Nueva York, ha documentado en el informe.

Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA